El consumidor que está dispuesto a pagar un sobreprecio por la electricidad

que compre, en realidad está pagando una prima por el sólo hecho de que se

le garantice que una cantidad de energía equivalente a la contratada se ha

generado con fuentes renovables.

Ahora bien, el pago voluntario de esta prima no le supone al consumidor

ninguna contraprestación adicional, de manera que lo que sucede es que el

consumidor paga más por lo mismo, en términos de energía física

suministrada.

Así el suministro físico directo y exclusivo para los consumidores de la energía

verde generada por una determinada instalación renovable, es técnicamente

imposible, salvo que existiera una línea directa entre el productor de

electricidad y el consumidor. Normalmente, los sistemas eléctricos avanzados

están interconectados por razones operativas, económicas y de seguridad,

tanto interna como externamente, por lo que la electricidad producida en una

instalación renovable se vierte a la red de transporte o de distribución, en la

que se vierte también la electricidad producida por las instalaciones de

generación de tipo convencional.

En definitiva, cualquier consumidor de electricidad recibe el suministro eléctrico

producción que generan electricidad en el instante en que el consumidor utiliza

fuentes de energía renovable sólo puede ser posible en términos comerciales,

no en términos físicos.

Además, tampoco se garantiza que ese sobreprecio o prima se reinvierta en la

generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, ni siquiera se

garantiza que el mismo beneficie al productor de electricidad, pues nada impide

que el certificado sea cedido a título gratuito por un productor a un

comercializador y sea éste el único que se lucra con la operación.

El consumidor lo único que puede esperar es que si son muchos los

consumidores que están dispuestos a pagar ese sobreprecio, de alguna

manera se incentive a los productores a generar más con fuentes de energía

renovables, bien sea generando más horas con las centrales existentes, bien

sea invirtiendo en la construcción de nuevas centrales.

Lógicamente, la finalidad que busca el consumidor está sujeta a las leyes

propias del mercado (oferta y demanda) y consecuentemente el objetivo

buscado puede llegar a cumplirse o no.

En estos contratos prevalece, por tanto, como causa de los mismos, la mera

liberalidad del que paga el sobreprecio, pues como hemos dicho, por el pago

del mismo no percibe ninguna contraprestación adicional a las que, en

cualquier caso, y en términos de energía física suministrada, ya percibiría.

No cabe duda de que el consumidor paga por la adquisición o asignación de un

certificado verde, y que este hecho hace que el certificado tenga un valor

económico en el mercado, pero lo cierto es que ese valor se encuentra en

íntima relación con la finalidad de ayuda o fomento de las energías renovables,

así como con la imagen que pretende ofrecer el adquirente del certificado